Merde in France . es

Hoy en día Francia no sufre la crisis de la misma manera que otros países europeos como Grecia, Italia, España, Irlanda, Portugal, etc. Lo que no quiere decir que no le ocurrirá; de momento , las medidas de austeridad aún no han reducido considerablemente los salarios, y las restricciones presupuestarias no le impiden al Estado mantener cierto nivel de protección social de la población (seguridad social, subsidios familiares y por desempleo, subsidios para los que estando en paro no perciben indemnización, ayudas para el pago del alquiler…).
Diversas claves permiten comprender por qué la crisis no nos golpea aún con toda su fuerza.
Recordemos, antes de nada, que Francia está entre las diez primeras potencias económicas del mundo; que ha sido uno de los países fundadores de la Unión Europea y de la zona euro y que ha sido beneficiaria en gran medida del Mercado Común Europeo. Que también fue un imperio colonial cuyo peso en el pasado porta aún sus frutos hoy. En términos generales, ella ocupa un lugar privilegiado en el concierto económico mundial.
Francia logró beneficiarse plenamente del crecimiento general entre los años 1945 y 1973. Sus empresas prosperaron durante los «Treinta Gloriosos» gracias a un proletariado con una capacidad productiva óptima, con una buena formación y mantenido con buena salud por un Estado de bienestar fuerte, con un nivel de vida en constante aumento.
Agregemos que, al término de la Segunda Guerra Mundial, se constituyeron grandes empresas públicas (tales como la Agence France Presse) y otras empresas fueron nacionalizadas (como Renault), viniendo a sumarse a las que lo habían sido en 1936, con lo que se constituyó un consecuente y beneficioso polo de empresas públicas.
Lo que se llamo el «compromiso fordista» –aumento de salarios a cambio de una mejor productividad para aumentar así el consumo (el arte de dar más para recuperar todavía más)– funcionó muy bien en Francia, país en el que aún hoy los acuerdos laborales se negocian paritariamente a nivel nacional entre las instancias patronales y sindicales. En estas negociaciones, los sindicatos han jugado siempre el rol de partners de la patronal al cogestionar con ésta la fuerza de trabajo y enmarcando las luchas.
Por otra parte, el Estado francés cuenta con variados recursos para dar solidez a este tipo de funcionamientos: centralizado desde el siglo XVI, el país está dotado de una administración fuerte y repartida en todo el territorio así como de un cuerpo policial con un saber hacer eficaz y apertrechado con un material punta. Todo ello sin perjuicio de sera hoy día un Estado social, un Estado de bienestar.
Sin embargo, Francia no es la ciudadela de Asterix y no se ha librado de la crisis general del capital ni de los procesos de reestructuración que ésta ha conllevado desde los años 70. Diversas empresas son deslocalizadas, otras reducen sus efectivos o cierran sus puertas, 10,5 % de la población activa (declarada) está en el paro a finales de 2013, los precios aumentan mucho más rápido que los sueldos y las ayudas e ingresos indirectos provenientes de las ventajas sociales que el Estado de bienestar había desarrollado, se aminoran progresivamente haciendo tambalear el compromiso fordista.
Diversas empresas públicas son privatizadas, los servicios públicos son gestionados cada vez más como centros de lucro.
A partir de los años 80, las luchas se tornan más defensivas: ya casi no se lucha por un aumento de salario sino más bien por conservar el empleo, el nivel de vida, obtener mejores condiciones de despido.
Paralelamente a estas luchas de negociación (con la patronal o con el Estado) surgen cada vez con mayor frecuencia revueltas urbanas como los disturbios llamados «de banlieue» (extrarradio) de 2005 que ocurrieron en casi todo el país produciendo enfrentamientos cotidianos con la policía, ataques de comercios, saqueos e incendios de edificios públicos.
Así, el proletariado lucha a diversos niveles, ya sea a través de reivindicacions puramente defensivas o afrontándose a la policía y a las infraestructuras del Estado sin reivindicaciones de ningún tipo, recuperando o destruyendo las mercancías que tan dificilmente puede conseguir de ordinario.
Las luchas defensivas las más emblemáticas son aquellas relacionadas con el cierre de fábricas como ocurrió en el 2000 con la de los trabajadores de Cellatex, quienes amenazaron con hacer explotar la fábrica y verter miles de litros de ácido sulfúrico en un río próximo con el fin de obtener tras el despido una compensación especial de 22.000 euros y garantías particulares de reconversión.
El medio de presión utilizado, que será retomado por diversas otras empresas en liquidación en el curso del decenio siguiente, aparece antes que nada como algo espectacular. Pero este tipo de acción, a parte de estar en directa relación con la violencia de los ataques de los capitalistas, se inscribe también en la tradición del sindicalismo de conflicto y las prácticas de acción directa.i
Los sindicatos, aunque saben manejar muy bien estos procedimientos para sostener sus propios objectivos, no siempre logran controlar los secuestros de dirigentes, las ocupaciones violentas o las destrucciones diversas de mercancías y de las herramientas de trabajo por parte de unas bases «desatadas», prácticas que se han multiplicado estos últimos años concomitantemente con los cierres o desplazamientos de empresas y fueron la causa de numerosos conflictos entre los sindicatos y sus bases.
Además, para la obtención de un beneficio creciente, que es el motor del modo de producción capitalista, es necesario, en situación de crisis, disminuir aún mas el «coste global del trabajo» (aumento de la productividad, creación de zonas francas, reducción de tasas y de cargas sociales…) haciendo que las condiciones de trabajo sean cada vez mas flexibles y precarias (horarios y duración del trabajo a discreción de la patronal, trabajo interimario o subcontratado, externalización forzada de trabajadores obligándolos a adoptar el estatus de trabajadores autónomos).
En consecuencia, para los gobiernos sucesivos la misión es reformar las leyes laborales y disminuir los gastos relacionados con la reproducción de la fuerza de trabajo (salud, educación, jubilación y ayudas diversas).
En torno a las leyes laborales, una de las reformas más destacables es la que se refiere a las condiciones de la edad de jubilación. Fue esta reforma, comenzada en 1993, la que provoco el movimiento de lucha del otoño de 2010. Ya desde finales de marzo, los sindicatos habían organizado siete jornadas de acción y de manifestaciones contra esta reforma y, en octubre, comenzaron una serie de manifestaciones y huelgas reconductibles (SNCF, transportistas, refinerías de petróleo, basureros y personal municipal, comedores escolares y guarderías, transportes públicos, liceos y universidades…) que durarán hasta el fin de noviembre… saldándose con una derrota total del movimiento de contestación de la reforma, cuya aplicación siguió inexorablemente su curso. Por vez primera, contrariamente a la suerte de precedentes proyectos de reforma de las leyes laborales (como por ejemplo el Plan Juppé, en 1995, o el Contrato de Primer Trabajo, en 2006) que fueron enmendados o anulados bajo la presión de las luchas, el Estado francés no hizo ninguna concesión, mostrando así considerar toda reivindicación como inaceptable.
No habiendo alcanzado los objetivos «políticos» a los que apuntaban los sindicatos (¡quienes lograron no menos que agotar las luchas con catorce jornadas de acción y manifestaciones en el lapso de ocho meses!), este movimiento dejó en evidencia el bajo nivel de las luchas en comparación con la violencia de una situación agudizada por la crisis y de una correlación de fuerzas netamente en favor del capital.
No obstante, vio surgir y desarrollarse formas de lucha que van mas allá del simple rechazo de la reforma del sistema de jubilaciones, sobre la base de la compra global de la fuerza de trabajo (que incluye todos los costes necesarios tanto para el pago de los trabajadores como para el pago de lo que les permite seguir siendo productivos, sobrevivir y seguir haciendo sobrevivir a sus familias) e implicando al proletariado, en sentido amplio, es decir mas allá de la así llamada «clase obrera» o de categorías de edad y de sectores de actividad directamente concernidos por la reforma.
La dificultad creciente de la actividad huelguista –aún mas pronunciada en el caso de una huelga con ocupación– (a causa especialmente de la pérdida de ingresos, insoportable para muchos en el contexto presente, el miedo frecuente de perder el empleo o de poner en peligro la existencia de la empresa, las restricciones del derecho de huelga en ciertos sectores, el estado de atomización de los trabajadores en el seno de una misma empresa…) y la imposibilidad de hacer huelga para una fracción importante del proletariado (parados, interimarios, precarios, asistidos sociales, trabajadores ilegales, trabajadores sin papeles…) han favorecido el desarrollo de:
– Prácticas de bloqueo fuera de los lugares de trabajo propiamente tales: se « bloquean » las entradas de las refinerías  y de los incineradores (desgraciadamente sin detenerlos totalmente, lo que implicaría posteriormente una larga puesta en marcha, ¡situación que los sindicatos se esmeraron en evitar!!); trabajadores municipales de otros sectores de actividad se organizaron para bloquear un incinerador cuyo personal no se había declarado en huelga; los que bloquean convocan a grupos o individuos exteriores para asociarlos a su acción, etc., lo que, potencialmente, permite disociar o asociar libremente huelga y bloqueo, y abrir los lugares de trabajo y los colectivos de lucha a todos, sabiendo que los sindicatos, incluso los que «invitan» así, conservan una actitud de control.ii
– «Asambleas Interprofesionales», instancias anti y/o para sindicales integradas por trabajadores de algún sindicato o no, parados, precarios, jubilados, estudiantes, beneficiarios de las ayudas sociales por desempleo… intentan crear coordinaciones directas, globales y ya no sobre la base de una profesión, de un oficio, de un sector o de una empresa. Desgraciadamente muchas veces estas AG adoptan una tendencia organizacional y vanguardista debida a la activa participación los «izquierdistas históricos».
Se agregan a esto :
– El hecho de que este movimiento se encontró en sinergia con una serie de conflictos anteriores y/o paralelos en los que están en juego las reivindicaciones salariales o las condiciones de trabajo, especialmente en diferentes empresas públicas o semipúblicas (hospitales parisinos, museo del Louvre, Archivos Nacionales, basureros, trabajadores del puerto de Marsella) y refinerias de petróleo.
– La importante mobilización de los estudiantes de secundaria, a pesar de no estar aún integrados al mundo del trabajo pero reaccionando, en ocasiones con violencia, en tanto que futuros explotados (ver los saqueos en el centro de la ciudad de Lyon y los del tribunal de comercio de Nanterre).
Se comprende por qué el eslogan «bloqueemos la economía» surgió en este contexto. Incluso este eslogan, siendo tan poco revolucionario (no anuncia la «destrucción de la economía») como ineficaz (lo menos que podemos decir es que la economía francesa no fue más que muy moderadamente bloqueada), presenta el interés de salir de la esfera de las reivindicaciones parciales para atacar directamente la economía.
Del lado del coste de la reproducción de la fuerza de trabajo, las reformas van dirigidas a la disminución del gasto en salud y educación y, más generalmente, a la rentabilización de los servicios públicos, al aumento de las cotizaciones sociales y de las tasas, a la reducción y supresión de las garantías sociales mínimas.
Si la puesta en marcha de las reformas ha sido progresiva desde los años 80, esta se ha acentuado desde la crisis de 2008, volviendo cada vez más difícil la supervivencia a la mayoría de la población, y aún más la de los trabajadores precarios, «reservistas» de la fuerza de trabajo, y la de los trabajadores supernumerarios, aquellos que para el capital no tienen formalmente ninguna utilidad y que no pueden encontrar trabajo prácticamente más que en el sector de la economía informal (el que por cierto pertenece en realidad a la economía global).
Esta situación implica un control social creciente del Estado a través de un endurecimiento de la represión: cierre de fronteras, persecución de los sin papeles, condiciones abusivas para la obtención o el mantenimiento de los subsidios del paro y de las garantías sociales mínimas, cortes de gas y de electricidad, expulsiones de las viviendas en toda época del año, encierro de los jóvenes con prácticas delincuentes… son pan cotidiano y sucitan con regularidad la resistencia y la revuelta de proletarios ante este crecimiento de sus dificultades financieras y de una represión cada vez más omnipresente.

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